29 mayo, 2022

“Cocinan” ley de ciencia a gusto de la 4T

Para los investigadores, la propuesta de Conacyt pondría en riesgo el futuro de la ciencia, lo que va a regir los próximos 20 o 30 años en la materia. Foto: iStock

Israel Sánchez // reforma.com

La fórmula con la que Conacyt ambiciona dirigir la política científica del País resume los desatinos y las polémicas de la actual Administración.

De ello da cuenta la última versión de su “Anteproyecto de iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI)”, donde la dependencia que dirige María Elena Álvarez-Buylla normativiza, entre otras cosas, el despojo del estímulo del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a académicos de instituciones privadas, así como la implementación de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces).

Pero, sobre todo, insiste en el centralismo absoluto al erigirse como “órgano articulador” que “formulará, conducirá, ejecutará y evaluará la política nacional en la materia” (Artículo 25), pretensión heredada de aquella polémica iniciativa de ley presentada en 2019 por la senadora de Morena Ana Lilia Rivera, cuya autoría desconoció entonces Conacyt.

“En este momento podemos decir, sin ningún titubeo, que la intención que venía en la iniciativa de la senadora Rivera se preserva claramente en este Anteproyecto”, señala en entrevista David Romero Camarena, investigador del Instituto de Ciencias Genómicas de la UNAM y miembro de la Red ProCienciaMx.

“Yo no veo modificaciones verdaderamente de fondo, o que pretendan acercarse a la comunidad, la cual engoladamente se pretende regir en el sentido real, de la realeza. No se está buscando motivar la participación, se está buscando imponer una ciencia de Estado”.

Y es que, en la propuesta de Conacyt -subida a la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el 25 de marzo pasado- persiste una visión ideologizada y monopólica.

“Sigue siendo extremadamente centralista, y sobre todo contiene una visión de lo que es la ciencia, la cual exclusivamente se ve a través de la óptica de los llamados problemas nacionales y los Pronaces que ha propulsado el propio Conacyt.

“En ese sentido, más que un sistema abierto en el cual hay una posibilidad de innovación por parte de los diferentes actores, sean estos públicos o privados, más bien se ve un sistema en el cual lo que se pretende es tener el control absoluto por parte del Estado”, apunta Romero Camarena.

DICTAR LA AGENDA

Ejemplos de lo anterior abundan en el Anteproyecto, donde si bien se dice que “la política pública en la materia tendrá un carácter integral, de largo plazo, plural, participativo, incluyente” (Artículo 3), en realidad todo parece girar en torno a la “Agenda Nacional” definida por el mismo Conacyt, cuya Junta de Gobierno integrarían representantes de 11 Secretarías de Estado.

“Una Agenda Nacional que establezca líneas de acción en torno de los asuntos estratégicos o prioritarios para el desarrollo del País y los temas de interés público nacional o de atención indispensable en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”, se lee en el documento, donde Conacyt ya es referido como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Tal organismo también estaría a cargo de formular el Programa Especial del sector (Artículo 14), en conformidad del cual tendrán que actuar todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a HCTI.

Dicha Agenda Nacional determinaría también el otorgamiento de becas y apoyos, como las de estudios de posgrado o estancias posdoctorales en universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales y del extranjero.

“(Se dará preferencia) a quienes cursen posgrados de maestría o doctorado en ciencias y humanidades, incluidas las disciplinas creativas, orientados a la investigación o docencia, así como posgrados en ciencias sociales relacionados con áreas o temas de atención estratégica o prioritaria y de interés público nacional o de atención indispensable considerados en la Agenda Nacional”, expone el Artículo 38.

“Sigue siendo central la noción de que es el Gobierno en turno el que fija cuál es esa Agenda. Y todo, inclusive la evaluación, el financiamiento, los apoyos que se den, están centrados alrededor de esa Agenda”, remarca Romero Camarena.

Para el coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, William Lee Alardín, que haya temas prioritarios -cambio climático, biodiversidad, salud, desarrollo económico sustentable, entre otros- no es problemático en sí; “pero poner esas prioridades no quiere decir que puedes construir la agenda de investigación nada más a partir de eso”.

“La definición de estos temas, si se toma particularmente nada más desde el Gobierno federal, y en la participación de un órgano de gobierno sólo hay funcionarios de Estado, sin una consulta a la comunidad académica de qué se debe de hacer y qué es relevante, para empezar no va a ser tan eficiente como pudiera ser.

“Se van a obviar y omitir temas que son relevantes, y puede que se vayan unos problemas que tal vez no son los más importantes”, expone el físico.

De ahí que desde la difusión de la primera versión del Anteproyecto, en diciembre de 2020 -año en que debía estar lista la nueva legislación-, miembros del gremio científico advirtieron una amenaza a la libertad de investigación.

Y no porque haya una prohibición manifiesta, sino porque en la definición de esa Agenda está el potencial riesgo para distintas líneas científicas.

“Con esta estructura, en realidad habría todo el poder para que el Gobierno en turno decidiera desaparecer por completo un área de investigación simplemente al no dar apoyo”, apunta Romero Camarena.

‘NO ENTENDIERON’

Para la elaboración de su Anteproyecto, Conacyt asegura haber tomado en cuenta 48 iniciativas, más numerosos análisis legislativos, propuestas de ley particulares y hasta algunos foros, como los de ProCienciaMx.

“Te puedo decir como participante en varios de esos eventos que, como suele pasar en ciertas clases, el alumno estuvo presente, pero no entendió nada de lo que vio”, ironiza Romero Camarena, ante un Anteproyecto que no refleja algunas de las propuestas más importantes de la comunidad.

Un caso, por ejemplo, es el del financiamiento del sector. Mientras para muchos lo ideal era aumentar el mandato actual de otorgar uno por ciento del PIB -jamás cumplido hasta ahora- a 2 por ciento, Conacyt eliminó esto desde la versión original de su propuesta, ofreciendo a cambio solo buenas intenciones:

“El Estado (…) proveerá de recursos y estímulos suficientes, oportunos y adecuados, de manera irreducible y conforme al principio constitucional de progresividad y no regresión”, versa el Artículo 20.

Pero, se cura en salud: “La asignación de recursos públicos estará sujeta a suficiencia presupuestaria y al principio de austeridad republicana” (Artículo 33).

Lejos quedó la posibilidad de paliar el daño que la eliminación del sistema de fondos y fideicomisos de investigación dejó, para lo cual ProCienciaMx había propuesto -en una iniciativa presentada en el Senado a través de Movimiento Ciudadano- la creación de una banca de desarrollo.

“Aunque no se haya cumplido (dar el uno por ciento del PIB), sí había mecanismos e instrumentos jurídicos -los fideicomisos- para operar presupuestos multianuales y para buscar conjuntar fuentes distintas de recursos. Y ahora esos ya desaparecieron, entonces la operación es muy complicada porque está sujeta al ejercicio fiscal en mucha mayor medida que antes”, expone Lee Alardín.

“Y, además, no hay una perspectiva de que debe de aumentar (el presupuesto del sector) de manera significativa. Estamos en niveles reales de financiamiento muy inferiores a lo que se tenía en los últimos años”.

También, en sentido contrario a lo que buena parte de la comunidad había planteado, en lugar de dotar de autonomía a los Centros Públicos de Investigación (CPI), Conacyt ha propuesto la creación de un Sistema Nacional que los englobe para “garantizar que los beneficios sociales del progreso científico y tecnológico redunden en el bienestar del pueblo de México” (Artículo 70).

El Sistema quedaría bajo la tutela de la dependencia y se sumarían centros de otras dependencias, como el Cinvestav, hasta ahora adscrito al Instituto Politécnico Nacional.

EL DIÁLOGO PENDIENTE

El demorado proceso para definir y aprobar la primera legislación general de la política científica del País se ha puesto en marcha tanto con el Anteproyecto de Conacyt en la plataforma de Conamer como con la movilización de las comisiones de Ciencia y Tecnología del Congreso y el Senado, que recientemente recibieron a los titulares de la UNAM y el IPN.

“El plan es tener reuniones de trabajo para entender, proponer y llegar a algo que se pueda dictaminar que le sirva al País, que es lo que más importa. En eso estamos, y vamos a seguir haciendo las propuestas que pensamos que son relevantes para este tema”, comparte el físico de la UNAM William Lee Alardín.

“Se viene una discusión muy rica, con mucha posibilidad de participar en parlamentos abiertos, que creo que debiera de ser el mecanismo”, dice, a su vez, el investigador David Romer Camarena.

“Creo que si la iniciativa oficial no ha tenido la consulta, no ha podido escuchar a la propia comunidad que pretende regir, en el Poder Legislativo sí se puede y se debe de hacer eso”.

Lo que se juega, coinciden en señalar los especialistas, es el futuro de la ciencia, lo que va a regir los próximos 20 o 30 años en la materia, la formación de las nuevas generaciones de científicos.

EL CONTENIDO

Algunas claves sobre el centralismo que persigue el Conacyt se aprecian en los siguientes artículos del Anteproyecto de Ley:

-Art. 25. La Federación, a través del Consejo Nacional, formulará, conducirá, ejecutará y evaluará la política nacional en la materia.

-Art. 57. Al Consejo Nacional le corresponde:
I. Asesorar al Ejecutivo Federal y fungir como instancia de consulta especializada del Estado mexicano.

-Art. 21. El presupuesto federal que se destine a investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación se ejercerá preferentemente a través de los programas presupuestarios del ramo 38 (correspondiente a Conacyt).

-Art. 36. Por tratarse de obras de interés para el patrimonio cultural nacional, el Consejo Nacional será el titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de las actividades y proyectos que financie.

-Art 47. El Consejo Nacional establecerá, conducirá y coordinará el Programa Nacional de Innovación.

-Art. 48. El Consejo Nacional, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, fomentará la constitución de empresas de base científica y tecnológica.

-Art- 51 El Consejo Nacional diseñará e impulsará una estrategia nacional de acceso a la información en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

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