25 junio, 2022

Proponen en San Lázaro tipificar delito de ‘desvío de poder’

Diputados plantearon sanciones de hasta 6 años de prisión para funcionarios que usen sus facultades para afectar derechos de una persona. Foto: Víctor Zubieta.

Martha Martínez y Claudia Salazar // reforma.com

Luego que el Fiscal Alejandro Gertz fuera acusado de fabricar delitos, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para tipificar el delito de desvío de poder.

La iniciativa adiciona el artículo 220 Bis al Código Penal Federal para definir el delito y establecer sanciones que van de dos a seis años de prisión y de 30 a 100 días de multa.

“Comete el delito de desvío de poder el servidor público que utilice discrecionalmente algunas de sus atribuciones o facultades legales afectando ilícitamente de manera directa o indirecta los derechos de una persona o para conseguir un fin distinto a aquel para el que le fueron conferidas dichas atribuciones o facultades”, señala.

El PAN propuso también reformas al artículo 225, para considerar como delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos ordenar la apertura de carpetas de investigación sin que preceda denuncia, acusación o querella para dañar los derechos de otra persona u obtener algún beneficio de orden económico, político o electoral.

Asimismo, acusar, nombrar, señalar o expresarse de manera que se vulnere la presunción de inocencia de una persona.

De acuerdo con la iniciativa, también se considerara delitos contra la administración de justicia recopilar, exhibir, ocultar, destruir, perder o modificar documentos o cualquier información pública o privada con el objetivo de afectar a una persona sin que ésta hubiese sido condenada.

Las excepciones a estas consideraciones, agrega la propuesta, será el ejercicio que, salvaguardando la presunción de inocencia, debe realizar la Fiscalía General de la República en materia de información pública.

Al argumentar la propuesta, la diputada María Teresa Aranda advirtió que la justicia penal en México vive horas negras, porque desde el poder se ordena la fabricación de delitos y de culpables y se violenta de manera sistemática el debido proceso y la presunción de inocencia.

Señaló que un ejemplo emblemático es el caso de Alejandra Cuevas, quien fue liberada ayer por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de estar presa por 528 días, acusada del supuesto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal General Alejandro Gertz Manero.

Durante siete años, Gertz Manero empleó todos los recursos a su alcance para perseguirla a ella y a su madre, Laura Morán, pareja durante más de 50 años de Federico, e incluso logró que la Fiscalía de la Ciudad de México presentara la acusación por homicidio contra ambas.

“Caso emblemático es el de Alejandra Cuevas, cuyo desenlace desnuda totalmente al Fiscal y ha puesto en entredicho la impartición de justicia”, afirmó.

Aranda advirtió que mientras esto ocurre, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional siguen sin cumplir con su objetivo institucional.

“Mientras existe un gran activismo de las autoridades por perseguir e incluso poner en estado de sitio y neutralizar a opositores, la verdadera razón de la Fiscalía y de la Guardia Nacional siguen sin cumplirse, el Gobierno de México ha optado por una política de brazos caídos ante las actividades del crimen, propiciando su avance”, aseveró.

La panista sostuvo que ha sido tal el desaseo y la manipulación de la justicia que ya reventaron distintos escándalos en el seno de la Presidencia de la República, con acusaciones cruzadas entre altísimos servidores públicos y Ministros de la SCJN que “pertenecen a la cofradía obradorista”.

“Y es que cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”, dijo.

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