25 junio, 2022

Advierten combate selectivo del Gobierno a corrupción

El recurso del pañuelo blanco el Presidente López Obrador lo ha repetido en al menos siete ocasiones. Foto: Alfredo Moreno

Rolando Herrera // reforma.com

El 31 de agosto de 2019, apenas nueves meses después de haber asumido la Presidencia de la República, el Mandatario Andrés Manuel López Obrador anunció que la corrupción había sido desterrada del Gobierno.

“Ya puedo decirles aquí con la frente en alto, viéndoles a los ojos, de que ya se acabó la corrupción arriba, puedo sacar hasta mi pañuelito blanco para decir ya no hay corrupción arriba”, sostuvo en un mitin en el patio central del Hospital Rural del IMSS de San Salvador El Seco, Puebla.

Desde entonces, el recurso del pañuelo blanco lo ha repetido en al menos otras seis ocasiones, cuando ha enfrentado cuestionamientos sobre presuntos actos de corrupción de integrantes de su familia o de aliados políticos que ahora forman parte de su gabinete como es el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

Sin embargo, lejos de terminarse, la corrupción ha persistido en la actual administración, se ha hecho un uso político de su combate y ha habido un deterioro de las instituciones encargadas de su prevención y persecución que ha abonado a la impunidad.

El reporte más reciente sobre el tema, dado a conocer el pasado 16 de marzo, titulado Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020-2021, elaborado por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, con sede en Nueva York, establece que en el País existe una justicia selectiva en la que se persigue a los adversarios y se exonera a los aliados.

“La comunidad jurídica consultada identifica que la lucha anticorrupción está siendo utilizada para fines políticos, pues no se brinda el apoyo necesario al SNA (Sistema Nacional Anticorrupción) y otras entidades, al contrario, se les ataca desde el Poder Ejecutivo.

“Además, existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente caso de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del Presidente”, indica el informe.

Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center y editor del trabajo, dice que pese a las declaraciones de López Obrador de que la corrupción se ha extinguido la evidencia, en contrario, lo ha desmentido cada vez que surge un nuevo escándalo que involucra a colaboradores o familiares.

“Queda claro que no es el caso que ya no exista porque no puede no haber corrupción si no hay autoridades independientes y no hay capacidad de estas autoridades para atacar la corrupción.

“Uno de los temas que salió en el reporte, fue ver con preocupación este discurso, porque por un lado se dice que se acabó la corrupción y se están persiguiendo casos de corrupción de administraciones pasadas, pero al mismo tiempo surgen casos de corrupción relacionados con la familia del Presidente o de servidores públicos de esta administración y no hay voluntad para castigarlos”, indica.

Jorge Alberto Alatorre, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, señala que no hay país que no enfrente problemas de corrupción en mayor o menor escala.

“No existe Gobierno en el mundo sin corrupción, no existe. Los países escandinavos tienen niveles bajos de corrupción, pero tienen corrupción y la corrupción es como una enfermedad crónica, que a pesar de que es incurable se le puede ganar terreno para bajarla a niveles perceptibles, pero se requiere atención, cuidado y vigilancia todos los días”, señala.

En la actual Admiración, dos de los hermanos del Presidente, Pío y Martín López Obrador, han sido exhibidos en video recibiendo fajos de billetes en efectivo, presuntamente para financiar de manera ilegal la campaña electoral de Morena en 2015, mientras que al hijo mayor del Mandatario, José Ramón López Beltrán, se le acusó de vivir en una casa de un contratista de Pemex y de trabajar con los hijos de un asesor honorario del tabasqueño.

Un ejemplo claro de las irregularidades que persisten quedó de manifiesto en la última entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó irregularidades por 5 mil 640.6 millones de pesos, que representa el 92.4 por ciento del universo auditado de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Las anomalías fueron descubiertas al revisar la gestión financiera de la agencia en la que se encontraron inconsistencias en los pagos reportados para la adquisición de bienes y servicios, así como de las garantías otorgadas a pequeños productores agrícolas y ganaderos.

Algo similar ocurrió con Liconsa que no pudo acreditar mil 583.9 millones de pesos supuestamente ejercidos en la adquisición de distintos bienes y servicios relacionados con leche fresca, productos lácteos y transporte, así como anticipos pagados a proveedores y la obtención de rendimientos financieros.

El pasado 24 de enero, Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, en el cual México no tuvo avance respecto de la evaluación de 2020 al obtener una calificación de 31 puntos de 100 posibles y ubicarse en la posición 124 de 180 países evaluados.

Entre las razones por las cuales el País se estancó en la lucha anticorrupción, indica Transparencia Mexicana, es que los casos emblemáticos de corrupción heredados del sexenio anterior, como la Estafa Maestra, Odebrecht y la planta chatarra de Agronitrogenados no han sido sancionados en materia penal.

“Tampoco hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente.

“(Además) hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las Fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al Gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga”, indica.

Datos reportados por el Inegi muestran que la corrupción, lejos de desaparecer como lo declaró el Presidente, siguen siendo un flagelo que enfrentan en su día a día los ciudadanos, el 15.7 por ciento de los mexicanos mayores de edad reportaron en 2020 haber sido víctimas directas de un acto de corrupción, mientras que las empresas lo fueron en un 5.1 por ciento.

De 2013 a 2020, indica el Inegi, se registró un aumento sostenido en el porcentaje de personas víctimas de la corrupción, al pasar de 12.1 por ciento a 15.7 por ciento.

“En cuanto a los costos, en 2019 la población en México pagó por causa de la corrupción 12 mil 769.7 millones de pesos, 64.1 por ciento más que en 2017. En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó 3 mil 822 pesos en promedio (1,372 pesos más por persona afectada respecto a lo estimado en 2017)”, señala el Instituto.

La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE 2021) señala que en 2020 el 35 por ciento de las empresas o comercios informaron que tuvieron al menos una experiencia de corrupción al tener contacto con autoridades de seguridad pública, mientras que en 2016 esa proporción fue de 27.5 por ciento.

Otras experiencias en las que estuvieron presentes actos de corrupción en 2020 fueron en la agencia del Ministerio Público, al realizar la apertura de un negocio, durante el desarrollo de juicios labores o mercantiles, así como en la gestión de trámites continuos de operación.

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