28 noviembre, 2021

Denuncia juez desacato a orden de devolver UDLAP

El campus de la UDLAP en San Andrés Cholula fue ocupado por la Policía estatal. Foto: Cortesía

Víctor Fuentes // reforma.com

Un juez federal de Puebla denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a un juez local de la Ciudad de México, por no acatar la suspensión que dictó en julio pasado para devolver el campus y el control sobre la Universidad de las Américas (UDLAP) a la familia Jenkins de Landa.

Alfonso Ortiz, juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en Puebla, dio vista este lunes a la FGR con el desacato en que ha incurrido Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), que es a quien le corresponde ordenar la devolución del campus, ya que fue él quien lo puso en manos del Gobierno de Puebla.

A raíz de la orden de Yáñez, el campus de la UDLAP en San Andrés Cholula fue ocupado por la Policía estatal, se desconoció al Rector Luis Ernesto Derbez, y se bloqueó el acceso del anterior Patronato de la Fundación UDLAP, integrado por miembros de la familia Jenkins, a las cuentas bancarias y la administración de la universidad.

“Ante la actitud contumaz de no dar cumplimiento a la medida cautelar concedida, dese vista al fiscal ejecutivo asistente adscrito, a fin de que en uso de sus atribuciones legales, analice si se actualiza el delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, consistente en desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, y de ser así, actúe en los términos que para tal efecto prevén las leyes”, acordó el juez Ortiz.

“Con independencia de lo anterior, a fin de lograr el inmediato cumplimiento a la medida cautelar concedida, requiérase nuevamente y por sexta ocasión al Juez 24 de lo Civil de la Ciudad de México, a fin de que en término de 24 horas, contado a partir de que quede notificado de la presente resolución, dé cumplimiento a la suspensión provisional decretada en autos”, agregó.

El desacato a una suspensión es un delito federal, que se castiga con pena de tres a nueve años de cárcel, pero es la FGR la que debe investigar el caso y presentar la acusación.

Yáñez Quiroz, a quien también se le han impuesto multas que suman casi 18 mil pesos, ha argumentado que no puede cumplir la suspensión porque el TSJCDMX no ha aclarado si el caso de la UDLAP lo debe llevar el Juzgado 24 o el 60 civil, donde ya había un litigio previo relacionado.

En la suspensión que concedió en julio, Ortiz consideró que fueron ilegales medidas cautelares dictadas por Yáñez, quien no sólo revocó al anterior Patronato el control sobre la universidad y sus cuentas bancarias, sino que además le prohibió acudir a instancias administrativas o judiciales para defenderse.

El Patronato sustituto que determinó la Administración del Gobernador Miguel Barbosa acusó de gestión fraudulenta a Derbez, quien enfrenta desde agosto una orden de aprehensión, y designó al ex perredista Armando Ríos Piter como Rector interino de la institución.

La familia Jenkins, que tiene nacionalidad estadounidense y también enfrenta órdenes de aprehensión libradas en Puebla, notificó el 19 de julio su intención de iniciar un arbitraje comercial contra México, para reclamar indemnización de “cientos de millones de dólares” por el despojo de los bienes de la Fundación, creada en 1954 por William O. Jenkins.

El pasado 9 de octubre, alumnos y académicos de la UDLAP marcharon para exigir que la Policía estatal libere el campus.

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